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En este trabajo se estudian los casos de homicidios intencionales ocurridos durante 2016 en Venezuela en los que las víctimas fatales fueron funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. El objetivo es caracterizar de manera general cómo se presenta el fenómeno en todo el país. Además, se contrastan los resultados del análisis de casos ocurridos en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) durante 2013 -investigación que sirve de antecedente- con los resultados de lo observado en los casos de 2016 en la misma zona. Posteriormente, se contrastan las características generales de los casos del AMC con las del resto del país.
ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 73, No. 754, 2018: 277-300

¿Las lógicas securitarias deben guiar las reformas legislativas que afectan al órgano de investigaciones criminalísticas? ¿Estas deben afectar también la dirección que ejerce el Ministerio Público sobre la investigación penal? ¿El órgano de investigaciones debe ser considerado como una Policía más? O, por el contrario, ¿tiene características propias que le diferencian de la institución policial? ¿La investigación penal debe ser entendida como parte del servicio de Policía o como una fase del proceso penal? En este trabajo se intentan hacer estas reexiones desde el contexto venezolano, analizando críticamente la reciente legislación que ha introducido modicaciones en estas materias.

¿Las lógicas securitarias deben guiar las reformas legislativas que afectan al órgano de investigaciones criminalísticas? ¿Estas deben afectar también la dirección que ejerce el Ministerio Público sobre la investigación penal? ¿El órgano de investigaciones debe ser considerado como una Policía más? O, por el contrario, ¿tiene características propias que le diferencian de la institución policial? ¿La investigación penal debe ser entendida como parte del servicio de Policía o como una fase del proceso penal? En este trabajo se intentan hacer estas reexiones desde el contexto venezolano, analizando críticamente la reciente legislación que ha introducido modicaciones en estas materias.

¿Las lógicas securitarias deben guiar las reformas legislativas que afectan al órgano de investigaciones criminalísticas? ¿Estas deben afectar también la dirección que ejerce el Ministerio Público sobre la investigación penal? ¿El órgano de investigaciones debe ser considerado como una Policía más? O, por el contrario, ¿tiene características propias que le diferencian de la institución policial? ¿La investigación penal debe ser entendida como parte del servicio de Policía o como una fase del proceso penal? En este trabajo se intentan hacer estas reflexiones desde el contexto venezolano, analizando críticamente la reciente legislación que ha introducido modi¬ficaciones en estas materias. ; Should securitarian logic guide legislative reforms that affect the body for criminalist investigations? Should it also affect the leadership that the Public Prosecutor exercises over criminal investigation? Should the body for investigations be considered as just another police force? Or, on the contrary, does it have its own characteristics that distinguish it from the police institution? Should penal investigation be understood as part of the police service or as a phase in the penal process? In this work, some reflections are attempted from the Venezuelan context, analyzing critically the recent legislation that has introduced modifications in these matters.

El presente artículo tiene como objetivo realizar un balance general de las muertes ocurridas durante la conflictividad política en Venezuela entre abril y julio de 2017. Se comienza con un análisis del contexto político y social, en el cual se refleja la crisis institucional que generó la ola de protestas. A continuación, se ofrece una serie de consideraciones conceptuales sobre el uso excesivo de la fuerza, a la vez que se da cuenta de la obligación que tienen los funcionarios de seguridad de asegurar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, razones por las cuales deben utilizar la fuerza de manera legal y proporcional. Luego, se explica la base normativa nacional sobre control de manifestaciones, donde se especifican los principios que los funcionarios deben respetar. Además, se expone la distribución de competencias entre los distintos cuerpos de seguridad venezolanos en cuanto a control de manifestaciones. Se continúa con la presentación de una caracterización de las muertes ocurridas entre el 6 de abril y el 27 de julio con base en los registros publicados por el Ministerio Público, incluyendo en el análisis variables de lugar, fecha, tipo de medio empleado, así como perfiles de víctimas y de victimarios. Por último, se ofrecen unas reflexiones finales con miras a establecer algunas recomendaciones ante el difícil contexto que se vislumbra en el futuro inmediato.